Desde que el expresidente Pedro Castillo fue vacado el 7 de diciembre de 2022 tras su intento de autogolpe, se iniciaron una serie de protestas y manifestaciones a nivel nacional. El alza de voz de los ciudadanos pedía la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, la disolución del Congreso de la República y la convocatoria a una asamblea constituyente. Ante la radicalización de las manifestaciones, la presidenta declaró el estado de emergencia en algunas provincias del país, especialmente en la zona del sur. Hubo un gran despliegue de las fuerzas armadas. Ayacucho fue uno de los más afectados. Huamanga se convirtió en un campo de batalla en donde hubo 10 fallecidos y un centenar de heridos. Para enero del 2023, debido a los actos contra la vida en Ayacucho, diversos ciudadanos de la zona sur del Perú (Cusco, Puno, etc.) se prepararon para ir en grandes caravanas hacia la capital; la denominaron “La Toma de Lima”. Los primeros meses del 2023 se registraron grandes marchas en la capital. Los ciudadanos de Lima y provincias pedían la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, así como también el adelanto de las elecciones presidenciales. Los enfrentamientos con los efectivos policiales eran el pan de cada día. Se reportaron heridos y detenciones arbitrarias a cualquier ciudadano que participe de las marchas. Las manifestaciones tuvieron un desenlace fatal, más de 50 fallecidos durante los primeros meses del 2023, a la par con el periodo de gobierno de Dina Boluarte.